02/03/2026.- En un mundo donde la innovación médica parece no tener límites, solemos asociar la excelencia sanitaria con «hacer más». Sin embargo, la evidencia nos enseña que, en medicina, más no siempre es mejor. La sobreutilización de recursos es uno de los mayores desafíos para la seguridad del paciente y la sostenibilidad de los sistemas de salud. 

Para arrojar luz sobre este problema, profundizamos en las denominadas Estrategias “No Hacer” de la mano de Jorge de Vicente Guijarro, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, doctor en Ciencias de la Salud, docente del Máster en Modelos Avanzados de Gestión y Dirección Sanitaria y miembro del Comité Científico de la Fundación Economía y Salud.

¿Qué son exactamente las Estrategias “No Hacer”?

Las Estrategias “No Hacer” son iniciativas centradas en reducir la sobreutilización sanitaria. Con ese objetivo, muchas de ellas han elaborado listados de recomendaciones dirigidas a evitar, o al menos disminuir, aquellas prácticas que conllevan más riesgos que beneficios para el paciente. En realidad, pueden situarse dentro del campo de estudio de la adecuación de la práctica clínica, cuyo propósito es que solo hagamos aquello que se ha demostrado útil, evitando cualquier práctica de escaso valor.

En otras palabras, la adecuación sanitaria nos ayuda a “hacer lo que hay que hacer y dejar de hacer lo que no hay que hacer”.

¿Cómo podemos identificar la adecuación sanitaria? ¿y la sobreutilización?

La adecuación sanitaria comprende varias dimensiones que deben considerarse en cualquier evaluación. Dos de las más importantes son, sin duda, efectividad y seguridad. Con la primera (efectividad) aseguramos que el procedimiento sirve para lo que realmente se supone que ha sido diseñado. Con la segunda (seguridad) valoramos los posibles daños que puede entrañar para el paciente. Pero la clave es la relación entre ambas: un procedimiento solo puede considerarse adecuado si su beneficio (efectividad) es mayor que su riesgo (seguridad).

No obstante, este es solo un primer paso: una vez comprobado que este balance beneficio-riesgo es favorable, habrá que valorar también otras cuestiones como su factibilidad, aceptabilidad por parte de pacientes y profesionales y, por supuesto, su potencial impacto sobre el sistema sanitario y sobre la población atendida.

En ese sentido, podemos elaborar una recomendación para la práctica clínica teóricamente perfecta que, si no se aplica sobre un procedimiento de indicación frecuente y no se plantea en unas circunstancias realistas, su utilidad real será escasa.

La sobreutilización es un tipo de inadecuación sanitaria. De hecho, posiblemente sea su forma más visible, pues conlleva la realización de un procedimiento en sí mismo. Cada vez que se indica y, consecuentemente, se realiza un procedimiento injustificado, se estaría produciendo este fenómeno de sobreutilización.

Puede encontrarse en prácticas de naturaleza muy variada, como procedimientos terapéuticos, pruebas diagnósticas, prescripciones farmacológicas, medidas preventivas e, incluso, ingresos y estancias hospitalarias.

La medicina defensiva puede ser uno de los principales detonantes de la sobreutilización. Hay estudios que apuntan a que los profesionales sanitarios prescriben procedimientos injustificados con relativa frecuencia, ya sea para tener un mayor control y seguridad sobre el caso clínico, o por miedo a que el paciente pueda interponer una reclamación o iniciar un proceso legal. Dicho de otra manera, el profesional se siente legalmente más protegido habiendo hecho de más que habiéndose quedado corto.

¿Es posible saber cuántas veces ocurre la sobreutilización en la práctica real?

No es fácil de calcular, puesto que el grado de sobreutilización sanitaria varía en función del procedimiento y del centro sanitario estudiado. En realidad, no es posible realizar una medición global de manera directa, sino que deben realizarse estimaciones individuales para cada uno de los procedimientos de interés.

Esto tampoco estaría exento de algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, el grado de sobreutilización resultante puede variar considerablemente en función de la recomendación que apliquemos, pues no todas se apoyan en las mismas fuentes y, por tanto, no todas comparten los mismos criterios.

Ahora bien, si recopilamos los resultados de los diferentes estudios realizados hasta fecha, podemos observar patrones interesantes. Por ejemplo, sabemos que es un fenómeno global, encontrándose presente en la práctica totalidad de los sistemas sanitarios y en multitud de procedimientos de muy distinta naturaleza.

También sabemos que tiene un origen multicausal y que la medicina defensiva puede considerarse uno de sus principales detonantes. En esta línea, algunos estudios apuntan a que los profesionales sanitarios prescriben procedimientos injustificados con relativa frecuencia, ya sea para tener un mayor control y seguridad sobre el caso clínico, o por miedo a que el paciente pueda interponer una reclamación o iniciar un proceso legal.

En ocasiones, la sobreutilización surge con el único propósito de proporcionar seguridad jurídica al profesional sanitario en un hipotético (que no necesariamente probable) escenario legal hostil. De producirse, el profesional tiende a sentirse más seguro demostrando que hizo todo lo que pudo, e incluso más, frente al temor de no haber indicado un procedimiento que pudiese haber sido necesario y decisivo para la salud del paciente. Dicho de otra manera, el profesional se siente legalmente más protegido habiendo hecho de más que habiéndose quedado corto.

Los procedimientos médicos innecesarios generan riesgos para la seguridad del paciente, ya que les Exponen a peligros evitables, que van desde falsos positivos y complicaciones médicas hasta «eventos en cascada» (cuando una intervención innecesaria desencadena otras sucesivas). Y genera pérdida de eficiencia, porque Reducen la capacidad del sistema debido al coste-oportunidad, desperdiciando recursos que dejan de estar disponibles para situaciones donde realmente se necesitan.

¿Qué consecuencias puede tener esa sobreutilización para los sistemas de salud?:

Por un lado, es un problema para la seguridad del paciente. Cada vez que se indica y realiza un procedimiento innecesario, exponemos al paciente a riesgos que podrían haberse evitado fácilmente. Estos dependerán de la naturaleza del procedimiento, pudiendo ser desde resultados falsos positivos o hallazgos incidentales en pruebas diagnósticas, hasta reacciones adversas medicamentosas o complicaciones quirúrgicas. Sin olvidar que, con frecuencia, un procedimiento termina derivando en otro y así sucesivamente, dando lugar a los conocidos como eventos en cascada.

Por otra parte, también acarrea una menor eficiencia. Esta se produce por una pérdida de coste-oportunidad evidente, por la cual, si invertimos un recurso en una situación determinada, ya no podremos utilizarlo en otro escenario en el que podría haber sido más necesario.

Esto debe entenderse en su sentido más amplio, pues no solo nos referimos a recursos materiales, sino también humanos y organizativos, con las repercusiones económicas que todo ello conlleva. Incluso aunque la proporción de procedimientos injustificados fuese pequeña, el impacto económico para el conjunto de los sistemas sanitarios sería muy elevado.

Lo recomendables es que los recursos no se dirijan únicamente a los profesionales, sino que lo recomendable es crear también contenidos adaptados a los pacientes que consigan fomentar una adecuada toma de decisiones compartidas.

A nivel práctico, ¿qué tipo de iniciativas existen para frenar todo esto?

Existen varias, tanto internacionales como nacionales:

• En Reino Unido, el NICE (National Institute for Health and Care Excellence) incorpora recomendaciones “No Hacer” dentro de sus guías de práctica clínica.
• En Estados Unidos está “Choosing Wisely”, seguramente la campaña más conocida e internacional, propone listados de recomendaciones elaboradas por sociedades científicas para que pacientes y profesionales sepan qué procedimientos evitar. También está el movimiento Right Care, impulsado por The Lown Institute, que se centra en evitar la medicina defensiva y promover decisiones más razonadas.
• En España tenemos el proyecto “Compromiso por la Calidad”, donde casi medio centenar de sociedades científicas elaboraron sus propias recomendaciones No Hacer.
• En Cataluña, la AquAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) lanzó “Essencial”, que sigue un proceso sistemático para identificar prácticas de poco valor y medir su impacto.

De cualquier forma, estos recursos no deberían dirigirse únicamente a los profesionales, sino que lo recomendable es crear también contenidos adaptados a los pacientes que consigan fomentar una adecuada toma de decisiones compartidas.

Para aplicar las Estrategias “No Hacer”, deberemos realizar mediciones sobre el terreno, con el objetivo de identificar cuáles podrían ser los procedimientos con un mayor grado de sobreutilización en nuestra institución. Debemos recordar que su principal objetivo no es recortar el gasto, sino mejorar la seguridad del paciente. Si dejamos de hacer lo que no aporta valor, ganamos todos: los pacientes, los profesionales y el sistema.

¿Cómo podría un centro sanitario aplicar estas Estrategias “No Hacer” en su práctica habitual?

Dado que la etiología es multifactorial, la solución, inevitablemente, también debe serla. No existe un único camino, sino que cada centro debe encontrar el suyo. Lo recomendable es comenzar realizando un análisis de situación, conocer cuál es la cultura de trabajo de nuestra institución, qué opinan nuestros profesionales sobre este tema y qué formación han recibido.

Por supuesto, también deberemos realizar mediciones sobre el terreno, con el objetivo de identificar cuáles podrían ser los procedimientos con un mayor grado de sobreutilización en nuestra institución. A partir de ahí, habrá que trazar una hoja de ruta con unos objetivos realistas y bien definidos. Si bien las acciones específicas tendrán que ser concretadas por cada centro en función de su situación inicial y sus objetivos, existen algunas medidas que, en general suelen ser comunes.

Entre estas acciones, destacaría las siguientes:

• Garantizar a los profesionales el acceso a la última evidencia científica y a las mejores guías de práctica clínica.
• Mejorar la interoperabilidad de historias clínicas y los sistemas de prescripción electrónica para que nos alerten de potenciales indicaciones innecesarias por duplicidad.
• Diseñar campañas de concienciación para pacientes y profesionales o crear comités y otros grupos de trabajo que aborden este fenómeno de manera dirigida.

Y, desde luego, debemos apoyarnos en las Sociedades Científicas, que realizan una labor de coordinación y trabajo en red indispensable, permitiéndonos avanzar juntos y de manera más eficiente. Un ejemplo de ello son las nuevas recomendaciones “No Hacer” de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que han sido elaboradas siguiendo una metodología rigurosa y a partir de la revisión de la última evidencia científica. Esta actualización supone un valioso recurso para todos los Servicios de esta especialidad de nuestro país.

En definitiva, el principal objetivo de las Estrategias “No Hacer” no es recortar el gasto, sino mejorar la seguridad del paciente. Si dejamos de hacer lo que no aporta valor, ganamos todos: los pacientes, los profesionales y el sistema.